Cuando una potencia decide nombrar terrorista al crimen organizado, el siguiente paso ya no es jurídico: es militar.
Estados Unidos ha cruzado una línea.
Ante el crecimiento exponencial del crimen organizado en América Latina, el Pentágono ha puesto a consideración del Congreso estadounidense un plan de acciones armadas para combatir a los cárteles, recientemente clasificados como organizaciones terroristas. Entre los grupos incluidos en esta lista se encuentran el Tren de Aragua —de origen venezolano—, así como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, Noreste, Cárteles Unidos, Los Viagras y La Familia Michoacana.
En menos de una década, este último grupo ha extendido su presencia a por lo menos una decena de entidades en México y mantiene operaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, donde distribuye drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, una de las sustancias más letales y responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.
En este contexto, el gobierno de Estados Unidos prepara una posible ofensiva contra organizaciones criminales en América Latina. La estrategia contempla escenarios que podrían implicar acciones de carácter extraterritorial en países donde estos grupos operan y que son considerados por agencias como la DEA, el FBI y la CIA como amenazas a la seguridad nacional.
Para Washington, estos cárteles han dejado de ser únicamente estructuras delictivas y han pasado a ser enemigos estratégicos, en la medida en que sostienen redes de tráfico de drogas a gran escala —particularmente de fentanilo— que han provocado una crisis de salud pública en territorio estadounidense.
En las próximas semanas, funcionarios estadounidenses prevén sostener reuniones con autoridades mexicanas para afinar mecanismos de cooperación. El objetivo, según fuentes consultadas, es intensificar el combate a estas organizaciones, a las que responsabilizan de poner en riesgo la vida de miles de ciudadanos estadounidenses mediante el tráfico de drogas sintéticas.
El plan en análisis incluye el uso de drones para vigilancia, la detección e intercepción de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, así como el fortalecimiento de acciones contra el lavado de dinero y las redes financieras que sostienen estas actividades. También contempla el combate al llamado huachicol fiscal, que en México ha generado pérdidas estimadas en miles de millones de dólares.
La Familia Michoacana, en la mira de Estados Unidos
La Familia Michoacana ha consolidado su presencia tanto en México como en el extranjero, con una expansión centrada en el tráfico de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, sustancia vinculada a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año en Estados Unidos, según reportes de la DEA.
En este contexto, el gobierno de Donald Trump ha clasificado a diversos grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas. Entre ellos figuran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Noreste, así como los principales líderes de La Familia Michoacana: los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.
Mientras esta presión internacional se intensifica, la violencia en territorio mexicano no cede.
El pasado domingo 8, presuntos integrantes de La Familia Michoacana atacaron a balazos a pobladores de la región de Tierra Caliente, en Guerrero. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Puerto de Ollas, en la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados irrumpieron en la zona, dispararon contra viviendas, incendiaron propiedades y sembraron el pánico entre los habitantes.
De acuerdo con testimonios recabados, el ataque dejó al menos un menor herido y obligó a los pobladores a resguardarse en sus viviendas. En mensajes difundidos a través de medios locales y redes sociales, los habitantes exigieron la intervención del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
“Queremos que la presidenta mande apoyo, porque aquí no podemos salir de nuestras casas”, señalaron.
Los testimonios coinciden en que los agresores llegaron desde temprana hora, amenazaron a la población y dispararon contra casas y huertos. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a mujeres y niños refugiados en espacios improvisados, entre ellos un menor lesionado originario de la comunidad de El Nogal.
De acuerdo con las denuncias de los propios habitantes, el ataque estaría vinculado a intentos de despojo de tierras. En Puerto de Ollas, la mayoría de la población se dedica al cultivo de aguacate, durazno y manzana, además de participar en programas gubernamentales como Sembrando Vida.
El fentanilo
Autoridades estadounidenses consideran a La Familia Michoacana —con base en el estado de Michoacán— como uno de los principales introductores de fentanilo a Estados Unidos. En México, el grupo mantiene presencia dominante en entidades como Guerrero, Michoacán y el Estado de México.
En esta última, ha consolidado un amplio control territorial: impone cobro de piso a comerciantes —grandes y pequeños—, presuntamente con protección de cuerpos policiacos; construye propiedades de alto valor y utiliza redes de testaferros para ocultar sus operaciones. Además, interviene en la fijación de precios de diversos productos, obligando a los comerciantes a generar ingresos suficientes para cubrir las cuotas impuestas por la organización.
De acuerdo con la DEA, el grupo no sólo trafica cocaína, heroína y drogas sintéticas, sino que ha intensificado su participación en el trasiego de fentanilo, una sustancia que ha detonado una crisis de salud pública en Estados Unidos y ha tensado las relaciones comerciales con México, Canadá y China.
En este contexto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció recientemente sanciones económicas contra los principales líderes del cártel. A la lista se sumaron otros dos integrantes de la estructura familiar, identificados como Adita y Ubaldo, hermanos de los líderes conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.
Además, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de hasta ocho millones de dólares por información que permita su captura. Un tribunal federal les imputa cargos por conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas, entre ellas heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo.
Las investigaciones, radicadas principalmente en el Distrito Norte de Georgia, también incluyen acusaciones por tráfico de personas, uso sistemático de la violencia contra rivales y presuntas agresiones contra autoridades mexicanas.
Los informes señalan que la denominada Nueva Familia Michoacana ha consolidado un esquema de control basado en el terror, mediante secuestros, asesinatos y extorsiones —particularmente el cobro de piso—, prácticas que se han extendido en distintas regiones del país.
El tercer cártel más poderoso
Reportes de inteligencia de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) ubican a La Familia Michoacana como una de las organizaciones criminales más relevantes en el tráfico de drogas sintéticas. Aunque originalmente centrada en la distribución de metanfetaminas, en la última década ha reorientado buena parte de su operación hacia el fentanilo.
Este crecimiento se sustenta en el acceso a precursores químicos y maquinaria especializada para el prensado de pastillas, lo que le ha permitido consolidar una red de producción y distribución a gran escala.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cártel produce fentanilo en diversas entidades del país, entre ellas Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Jalisco y Estado de México, donde mantiene presencia territorial en varios municipios y ejerce control mediante extorsión sistemática.
Una vez procesada, la droga es enviada a Estados Unidos y distribuida en ciudades como Atlanta, Houston, Dallas, Tulsa y Chicago, donde la organización opera a través de redes de intermediarios vinculadas a sus principales líderes.
Como resultado de estas actividades, al menos ocho integrantes de la estructura del cártel han sido sancionados por autoridades estadounidenses. Se trata de operadores clave dentro de la organización, aunque, según los informes, algunas de estas operaciones habrían sido ejecutadas sin conocimiento directo de sus líderes visibles: Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “La Fresa”.
Ambos han sido identificados por autoridades estadounidenses como los principales jefes de La Familia Michoacana y fueron sancionados desde noviembre de 2022 por su presunta responsabilidad en la producción y tráfico de fentanilo, incluido el denominado “fentanilo arcoíris”.
Entre los operadores relevantes figura Rodolfo Maldonado Bustos, vinculado directamente con los hermanos Hurtado Olascoaga, quien controla rutas estratégicas en Guerrero, particularmente en Ciudad Altamirano y el corredor Zihuatanejo–Lázaro Cárdenas. Este individuo ya había sido señalado por autoridades estadounidenses desde 2017 por conspiración para traficar heroína.
Otro perfil clave es Josué Ramírez Carrera, identificado como operador financiero y tercero en la línea de mando. Conocido como “El Ojo de Vidrio” o “El Tuerto”, se le atribuyen actividades de lavado de dinero, presuntamente a través de la comercialización de ropa usada, así como vínculos con el tráfico de armas mediante redes de traslado en la región del Valle del Río Grande.
Además, ha sido señalado como autor intelectual del secuestro de cuatro trabajadores en Toluca, Estado de México, ocurrido en diciembre de 2023. Por su captura, autoridades estatales ofrecen una recompensa de hasta 500 mil pesos.
En la estructura del grupo también destaca Lucio Ochoa Lagunes, considerado lugarteniente cercano a José Alfredo Hurtado Olascoaga, con operaciones en Tlapehuala, Guerrero. A él se suma Euclides Camacho Goicochea, operador involucrado en el tráfico de metanfetaminas hacia ciudades estadounidenses como Houston y Atlanta, donde enfrenta cargos por conspiración y lavado de dinero.
Finalmente, figura Uriel Tabares Martínez, identificado como sicario al servicio directo de la organización. Opera en Ciudad Altamirano, Guerrero, y es conocido como “El Médico”, apodo vinculado a los métodos violentos que emplea contra sus rivales.
El narcopoder
El cártel de La Familia Michoacana surgió hace aproximadamente catorce años en el estado de Michoacán. En un lapso relativamente corto, consolidó un poder significativo y extendió su presencia a diversas entidades del país. Actualmente, mantiene influencia en una veintena de estados, entre ellos Guerrero, Michoacán —su principal base de operaciones—, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.
Su operación criminal es amplia y diversificada: secuestro, cobro de piso, extorsión, homicidio, despojo de propiedades, lavado de dinero y venta de protección, entre otras actividades ilícitas.
Se le considera una de las organizaciones más violentas del país, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Diversos reportes señalan que utiliza prácticas extremas de violencia para imponer control territorial y generar intimidación frente a grupos rivales.
En las zonas donde opera, existen señalamientos sobre posibles vínculos con autoridades locales, incluyendo corporaciones de seguridad y funcionarios municipales. Algunas de estas relaciones han sido objeto de investigaciones en curso.
La Familia Michoacana también ha establecido alianzas con otros grupos criminales, como el cártel de Tijuana, Los Rojos y Guerreros Unidos, lo que le ha permitido mantener presencia en distintas regiones.
A pesar de los operativos en su contra, sus principales líderes continúan prófugos, tanto en México como en Estados Unidos.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó las acciones en su contra, incluyendo sanciones y la oferta de recompensas millonarias por información que permita su captura.
En este contexto, la estrategia del gobierno estadounidense contra el tráfico de fentanilo ha ampliado su alcance hacia un mayor número de organizaciones criminales. Paralelamente, autoridades mexicanas han reportado el desmantelamiento de laboratorios y la detención de personas vinculadas a la producción y distribución de esta sustancia.
Sin embargo, fuentes consultadas señalan que uno de los factores estructurales del problema es la corrupción en puertos, aeropuertos y aduanas, por donde ingresan precursores químicos provenientes de países como China, India y Alemania. Estos insumos son utilizados para la elaboración de fentanilo y otras drogas sintéticas destinadas, en gran medida, al mercado estadounidense.
el crimen organizado ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una estructura con capacidad territorial, financiera y política.
La Familia Michoacana es un ejemplo de esa transformación. De grupo regional pasó a convertirse en una red con presencia nacional e internacional, con control de mercados ilícitos, rutas de distribución y economías locales enteras. Su expansión no sólo se explica por la violencia, sino por su capacidad para insertarse en estructuras institucionales debilitadas.
El fentanilo, en este contexto, actúa como catalizador. Ha redefinido prioridades geopolíticas, endurecido la postura de Estados Unidos y colocado a los cárteles mexicanos en el centro de una estrategia que ya no es únicamente de seguridad pública, sino de seguridad nacional.
Sin embargo, el problema no se agota en los grupos criminales. La persistencia de redes de corrupción en puertos, aduanas y corporaciones de seguridad evidencia que el flujo de precursores químicos y dinero ilícito no ocurre en el vacío, sino en un sistema que permite —y en ocasiones facilita— su operación.
Así, mientras se multiplican las sanciones, las recompensas y los operativos, el fenómeno mantiene su capacidad de adaptación.
La pregunta de fondo ya no es sólo cómo combatir a los cárteles, sino si las condiciones que han permitido su crecimiento están siendo realmente enfrentadas.
