Tres altos  funcionarios de la FGR-Veracruz, entre ellos el fiscal Mauricio Alexandro Rosaldo García –hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Pedro Miguel Rosaldo, aliado de la gobernadora Rocío Nahle — fueron denunciados ante la Fiscalía anticorrupción de la Fiscalía General de la República por parte del abogado de la empresa Agrogema Agro, Jorge Reyes Peralta, por abuso de autoridad y actos contra la administración de la justicia. Todo derivó del aseguramiento de cinco aeronaves, vehículos terrestres e instalaciones de la empresa referida, ubicada en Medellín, Veracruz, el pasado 6 de enero. Después de ocho meses de supuestas indagaciones –hasta ahora no se han hallado evidencias incriminatorias -la carpeta de investigación no ha sido judicializada, pero tampoco cerrada por falta de pruebas, lo que ha ocasionado pérdidas a la compañía por más de 40 millones de pesos y afectaciones a los helicópteros que utilizan para fumigar y regar sembradíos de caña y otros productos. La carencia de sus herramientas principales ha obligado a la empresa a rentar equipos para no incumplir con los contratos que tiene firmados con ingenios azucareros y otros clientes. Sin embargo, exigen a la FGR investigar a los funcionarios de Veracruz porque, según deducen, existen intereses políticos por parte de personajes poderosos que pretenden llevar a la quiebra a la compañía para apoderarse del negocio.

Por incurrir presuntamente en los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia, este miércoles fue presentada una denuncia o querella contra tres funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) en Veracruz por presuntos actos de corrupción.

Se trata del fiscal federal en esa entidad, Mauricio Alexandro Rosaldo García; Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público de la Federación, y Andrea González Castillo, fiscal en jefe del EIL II, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, todos ellos funcionarios de la FGR.

La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Reyes Peralta, defensor de la empresa Agrogema Agro Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Fiscalía para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción Cometidos por Personas Servidoras Públicas de la Institución, en este caso de la FGR.

La querella se presentó luego de que fueran aseguradas las instalaciones de la compañía, así como cinco aeronaves, sin que durante meses la carpeta correspondiente fuera judicializada ni cerrada, lo que, según la defensa, ya ocasionó pérdidas millonarias al corporativo que, entre otras actividades, se dedica a fumigar y regar sembradíos de caña de azúcar y otros productos.

Debido a que trascendió que este miércoles se presentaría la querella, el fiscal Mauricio Alexandro Rosaldo García judicializó la carpeta de investigación contra Agrogema Agro este mismo día, a las 6:00 de la mañana, por el delito de uso ilícito de instalaciones aéreas, lo que Reyes Peralta considera una aberración, ya que la empresa afectada está “a dos minutos aire” del Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, del puerto de Veracruz; es decir, dentro del radar y espacio aéreo bajo vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“De existir algo ilegal, sólo pudo ocurrir con la complicidad de la SEDENA”, dijo el litigante en tono irónico.

El abogado Reyes Peralta, momentos después de presentar la demanda, dijo en conferencia de prensa en la Ciudad de México que pidió a la instancia federal que, “por moral pública, el fiscal de Veracruz pida licencia a su cargo, pues no puede estar sujeto a investigación y fungir como funcionario público”.

Esta es la historia:

El pasado 6 de enero, los funcionarios denunciados procedieron a integrar una carpeta de investigación contra la empresa Agrogema Agro Sociedad Anónima, derivada de una denuncia anónima que dio pie a la solicitud de una orden de cateo en las instalaciones de la compañía, ubicadas en Camino Lomas del Porvenir 387, en el municipio de Medellín, Veracruz.

En ese sitio se encuentra el centro de operaciones de la empresa, cuyo giro es prestar servicios de fumigación en áreas agrícolas mediante el uso de aeronaves —helicópteros—. La mayoría de sus clientes son propietarios de ingenios azucareros, aunque también presta servicios a otros particulares.

Tras la ejecución de la orden de cateo —en la que no estaban claramente delimitadas las áreas a revisar—, los agentes del Ministerio Público a cargo de Mauricio Alexandro Rosaldo García procedieron a inspeccionar todas las instalaciones de la empresa: oficinas, helipuertos, patios, bodegas y hasta el cuarto-dormitorio de un velador, a quien le encontraron unas armas que, según declaró posteriormente, eran de su propiedad y no de la empresa.

Luego de ejecutar el cateo 03/2026 —correspondiente a la carpeta FED/VER/VER/0003156/2026—, que se prolongó más de la cuenta y sin que estuvieran precisadas las áreas a inspeccionar, los agentes aseguraron cinco helicópteros que en ese momento eran utilizados para prestar servicios aéreos de fumigación en diversos puntos del estado de Veracruz y de la República Mexicana a particulares con quienes la empresa mantiene relaciones contractuales, entre ellos propietarios de ingenios productores de azúcar.

El objetivo del servicio que presta la compañía es “mantener limpios de plagas” los territorios sembrados con caña de azúcar. También fueron asegurados vehículos terrestres y otras pertenencias de los propietarios de la empresa.

De acuerdo con la querella, las acciones ministeriales derivaron de una denuncia anónima recibida por Aldo Sánchez Galicia, oficial investigador “B” de la Policía Federal Ministerial, en la que una persona que dijo ser vecina de la comunidad de Medellín de Bravo expuso, de manera genérica y bajo reserva de identidad, que en dicha comunidad existían dos helipuertos presuntamente carentes de permisos, ubicados en “Rancho Ingeniero David Torres” y “Rancho Grupo Torque”.

Dijo, además, que en esos lugares, en distintos días y horarios indeterminados, se habrían observado actividades irregulares y la presencia de personas armadas, sin precisar mayores detalles.

Y así comenzó todo un embrollo legal convertido, hasta ahora, en un galimatías.

La autoridad ministerial expuso en un informe de investigación criminal, fechado el 23 de diciembre de 2025, folio FGR/AIC/PFM/UDN/JPFMVER/VER/MM/6968/2025, elaborado por Alejandro Amilcar Pereyra Zariñán, oficial investigador, que desde diciembre de 2025 se habían realizado sobrevuelos con equipos no tripulados —drones— sobre las áreas de la empresa Agrogema Agro y que, presuntamente, observaron “personas caminando en el interior del inmueble, una de ellas aparentemente armada, que se ocultaron en la vegetación”.

Según acusa el abogado Reyes Peralta, el uso de vehículos aéreos no tripulados se ejecutó rebasando los límites de la visibilidad pública ordinaria, vulnerando de forma deliberada la expectativa razonable de privacidad del terreno.

En su querella explica:

“Al tratarse de un espacio resguardado del escrutinio público, el sobrevuelo a baja altura para registrar zonas ocultas a la vista común constituyó una intromisión ilegal que requería de forma obligatoria una orden judicial de cateo”.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Público invocó como indicio el oficio 41232463, del 19 de diciembre de 2025, firmado por la directora de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en el que se hizo constar que el helipuerto “Ingeniero Torres David” sí cuenta con permiso para la administración, operación y explotación, mientras que, por lo que se refiere al “Rancho Grupo Torque”, el otro helipuerto, no se localizó información de registro alguno.

Otra presunta violación de la autoridad ministerial, documentada en la querella, es que durante el cateo fueron asegurados incluso bienes que no son propiedad de Agrogema Agro y, hasta la fecha —según se expone en la denuncia—, “no existe constancia clara de las circunstancias, motivos o lugar específico en que dichos bienes fueron asegurados”.

Después del cateo y los aseguramientos siguió una larga lista de presuntas violaciones legales y anomalías atribuidas a los funcionarios denunciados.

Los accionistas de la empresa presentaron documentos para acreditar la propiedad de los bienes asegurados; acreditaron también los permisos de operación tanto del helipuerto como de las aeronaves y solicitaron información sobre la carpeta de investigación. Sin embargo, el fiscal del caso, Rosaldo García, les informó que ya no tenía en su poder dicha carpeta.

La delegación de la FGR en Veracruz está ubicada en el puerto de Veracruz, pero, según la denuncia, la mencionada carpeta fue enviada a una oficina alterna de la ciudad de Xalapa sin notificar el cambio de adscripción a los propietarios de la empresa.

Después de varios meses de vacío, pero sobre todo de enfrentarse a una burocracia fatigosa, los abogados de la empresa investigada solicitaron al Ministerio Público Federal acceso a la carpeta de investigación. Se los permitieron, pero, según ellos, sin darles acceso a las partes medulares de la indagatoria.

También autorizaron que personal especializado, sobre todo técnicos, diera mantenimiento a las aeronaves, pero negaron pruebas de rigor, como realizar sobrevuelos, algo elemental en un servicio especializado para aeronaves.

El argumento de la FGR para negar otras solicitudes fue que faltaban diligencias por cumplimentarse, como la inspección de las instalaciones de la empresa con binomios caninos para rastrear drogas, armas y uniformes apócrifos de la Agencia Federal de Aviación Civil.

La FGR en Veracruz incurrió, según la querella, en más violaciones. Por ejemplo, el 26 de febrero de 2026, personal ministerial ingresó a la empresa Agrogema Agro y retiró, sin autorización, cámaras de videovigilancia, sin que existiera constancia formal ni control judicial.

Un mes después, en marzo de 2026, los propietarios de la empresa hicieron saber a la autoridad federal la afectación mecánica y de los sistemas de las aeronaves aseguradas, las cuales, hasta la fecha, llevan ocho meses paradas como consecuencia del aseguramiento por parte de la FGR en Veracruz.

De acuerdo con estudios realizados por técnicos contratados por la compañía, en los helicópteros se hallaron daños como corrosión en las hélices, así como afectaciones en los rotores de cola e instrumentos de navegación, pues la humedad, el salitre de la zona y la falta de uso pueden derivar en daños irreparables e incluso causar accidentes, más aún si durante los mantenimientos autorizados no se permitieron pruebas de vuelo.

Debido a que habían transcurrido ocho meses desde el aseguramiento y dado que la carpeta de investigación todavía no se judicializaba —pero tampoco se cerraba por falta de elementos probatorios—, el pasado 24 de marzo de este año el abogado de la empresa, Jorge Reyes Peralta, solicitó a la FGR-Veracruz la devolución “de la totalidad de los bienes asegurados”.

Expuso una razón contundente: la empresa que representa mantiene contratos vigentes con ingenios azucareros y productores agrícolas que no puede cumplir al encontrarse privada de su principal herramienta de trabajo: los helicópteros.

Pero eso no es todo. El aseguramiento indefinido, además de los daños a las aeronaves y las pérdidas financieras, también conlleva otros perjuicios. Dice el abogado postulante en su querella:

“Además de la devolución de los vehículos asegurados, necesarios para el desarrollo de actividades comerciales de la empresa, a esta solicitud se acompaña reporte técnico elaborado por mecánicos certificados por el fabricante de los helicópteros, en el que ya se advertía la existencia de daños de corrosión, reiterándose a la autoridad que el mantenimiento previamente realizado había resultado insuficiente. Finalmente, se hizo del conocimiento de la Representación Social que el inmueble asegurado constituía además el domicilio fiscal y centro de operaciones de la empresa, y que ésta continuaba soportando obligaciones fiscales y laborales sin poder desarrollar normalmente su actividad comercial, ni generar los ingresos necesarios para hacerles frente, advirtiéndose expresamente el riesgo de que la prolongación de dicha situación pudiera conducir a la empresa a la quiebra…”

Ante lo anterior, no hubo respuesta por parte de la autoridad.

Esto derivó en un segundo juicio de amparo —518/2026—, en el que se reclamó la negativa expresa de devolver los bienes asegurados.

Entre otros alegatos expuestos ante la autoridad está el hecho de que “una simple” carpeta de investigación no puede mantener bienes asegurados de manera indefinida, pues, en este caso, como se desprende de los hechos, la FGR-Veracruz no había enviado la carpeta a la Federación porque, según la defensa, carecía de pruebas para ello; sin embargo, tampoco procedía a cerrarla ni a declarar el no ejercicio de la acción penal.

La empresa Agrogema Agro mantenía una actividad permanente y continua en la fumigación de sembradíos de caña y otros cultivos. De acuerdo con datos obtenidos, fumigaba un total de diez hectáreas diarias, unas doscientas por helicóptero.

Por cada hectárea fumigada o regada, la empresa cobraba 550 pesos, equivalentes a 550 mil pesos por día; sin embargo, desde que le fueron aseguradas las aeronaves y sus instalaciones, la compañía ha sufrido pérdidas por más de 40 millones de pesos.

—¿Cómo han sobrevivido ante tantas anomalías y violaciones legales? —se le pregunta al abogado Reyes Peralta.

—La empresa, a fin de no incurrir en incumplimiento de contratos, pues las penalidades son millonarias, ha prestado el servicio con helicópteros rentados.

—¿Entonces la empresa y sus cuentas no fueron aseguradas?

—No, la empresa sigue operando y sus cuentas están sanas. Todo está en orden, al igual que los permisos de helipuertos y uso de aeronaves.

De todo este embrollo, aún no aclarado por la FGR-Veracruz, se desprende, según la defensa, que detrás de la denuncia anónima contra la empresa, la carpeta de investigación, el cateo de las instalaciones y el aseguramiento de aeronaves y bienes podría existir la posibilidad de “una mano aviesa” que pretende llevar a la quiebra a la compañía Agrogema Agro para quedarse con el negocio.

El fiscal federal radicado en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, uno de los denunciados, es hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, quien fue responsable de las finanzas en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es señalado en el texto como cercano a la gobernadora Rocío Nahle.

Ante lo anterior, subyace una enorme sospecha que apunta a Palacio de Gobierno, en Xalapa.

Este caso debe investigarse a fondo.