Pobladores, empresarios y pequeños propietarios de negocios acusan que las extorsiones y el cobro de piso se han recrudecido en decenas de municipios de Jalisco, entre ellos Tala, Zapopan y Guadalajara. En el caso de Tala, los habitantes señalan la existencia de una red dedicada a operar las extorsiones, presuntamente vinculada al nuevo sindicato de transportistas de la CTM. De acuerdo con los testimonios, sus integrantes acuden armados a desarrollos inmobiliarios para amenazar a los propietarios y consumar los actos de extorsión. Los denunciantes afirman que el grupo se encuentra plenamente identificado, por lo que exigen la intervención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El cobro de piso y las distintas modalidades de extorsión se han convertido en una verdadera pesadilla en Jalisco y en gran parte de la República Mexicana. Empresarios grandes y pequeños, comerciantes establecidos y ambulantes, se ven obligados a pagar tributo a redes de extorsionadores vinculadas tanto a la delincuencia organizada como, presuntamente, a altos funcionarios de distintas dependencias e incluso a centrales obreras como la CTM, que recurren a amenazas de muerte y desaparición para imponer cuantiosas cuotas a cambio de permitirles operar sus negocios.

Aunque el problema se ha extendido a nivel nacional, en el estado de Jalisco se ha recrudecido debido a la impunidad que, según denuncian los afectados, prevalece bajo el gobierno de Pablo Lemus. Los denunciantes aseguran que muchas de las redes dedicadas a la extorsión operan con protección oficial, ya sea de altos funcionarios o incluso de corporaciones policiacas municipales.

En Jalisco, el flagelo del cobro de piso alcanzó niveles de escándalo nacional desde hace varios años; sin embargo, recientemente se agravó luego de que habitantes del municipio de Tala solicitaran con urgencia la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para frenar a los grupos dedicados a la extorsión que mantienen asolada a la población de Tala y de otras demarcaciones del estado.

La petición de ayuda es contundente. Los afectados señalan directamente al sindicato de transporte de carga de la CTM de operar esquemas de extorsión con métodos propios de la delincuencia organizada:

“Estamos preocupados por las prácticas de extorsión del nuevo sindicato de transporte de carga cetemista, que llega con gente armada a amenazarnos en los desarrollos inmobiliarios que se construyen, pese a que son una fuente de empleo de la que dependen muchísimas familias”.

Asimismo, sostienen que las extorsiones también alcanzan a responsables de obras y desarrollos en distintos municipios del estado.

De acuerdo con las denuncias, algunos de los presuntos responsables han sido identificados por sus alias y nombres, entre ellos “Chino Campos”, Óscar Márquez, Arturo Miramontes y el doctor Guillermo Hernández Godoy, quienes —afirman los denunciantes— son vecinos del municipio de Tlajomulco.

Los afectados insistieron en que la presidenta Claudia Sheinbaum atienda el caso, pues consideran que el problema ha escalado pese a la existencia de una nueva legislación para castigar la extorsión. También señalaron que las denuncias fueron presentadas ante el gobernador Pablo Lemus.

Además de Tala, las denuncias por extorsión se repiten en municipios como Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara, donde empresarios han tenido que destinar fuertes recursos a seguridad personal, protección familiar y tecnología para resguardar sus negocios.

El caso llegó incluso a la llamada Conferencia del Pueblo o “Mañanera” del 19 de mayo, donde se cuestionó el contraste entre las cifras oficiales y la realidad que viven empresarios y habitantes de Jalisco. Tras escuchar la denuncia, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la legislación en materia de extorsión ya fue modificada y exhortó a las víctimas a denunciar a través del número 089, señalando que las fiscalías estatales tienen la obligación de atender estos casos.

Sin embargo, durante una reciente visita a Jalisco, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan José Sierra, sostuvo que la extorsión continúa en aumento y denunció que un alto porcentaje de los casos no se reporta por miedo. Según Sierra, se trata del delito que más ha crecido en la última década y que mantiene “de rodillas” a miles de empresarios en el país.

El dirigente empresarial denunció además que, en algunas ciudades y estados, las propias autoridades se han convertido en los principales extorsionadores. Añadió que este fenómeno ha golpeado particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales han perdido su patrimonio al no poder cubrir las cuotas impuestas tanto por el crimen organizado como por funcionarios estatales y municipales.

Finalmente, los pobladores de Tala exigieron a las autoridades estatales y federales perseguir y detener a los integrantes del nuevo sindicato de transporte de carga afiliado a la CTM, a quienes responsabilizan directamente de las extorsiones que afectan sus negocios y fuentes de trabajo.