Desde hace por lo menos tres años surgió el rumor insistente de que Estados Unidos empezaba a elaborar una lista negra de políticos y empresarios ligados al crimen organizado —tráfico de drogas, armas y huachicol fiscal— y que pronto se asestarían golpes contra ellos. El rumor se mantuvo durante largo tiempo hasta que llegó el primer golpe: éste, contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de tráfico de drogas, armas y de estar relacionado con el cártel de Sinaloa.
La Fiscalía del Sur de Nueva York integró un expediente en el que, además, figuran otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos el actual senador de MORENA, Enrique Inzunza Cázarez.
Este caso detonó una crisis entre México y Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum exige que la Fiscalía estadounidense presente pruebas contundentes y, de existir, ha señalado que los acusados serían enjuiciados en México.
El 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de captura con fines de extradición, lo que desató el escándalo y una cascada de reacciones: senadores, diputados y algunos gobernadores cerraron filas en torno a Rocha Moya, a quien defienden a pesar de que él mismo ha reconocido que llegó al gobierno sinaloense con el respaldo del cártel de Sinaloa.
El viernes 1, durante una gira por Palenque, Chiapas —en la que presuntamente se reunió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el poder tras el trono—, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al gobernador de Sinaloa que solicitara licencia temporal para separarse del cargo y así poder ser investigado por la Fiscalía General de la República.
Sin embargo, lo que la Fiscalía del Sur de Nueva York solicitó fue su captura con fines de extradición, junto con nueve exfuncionarios del gobierno sinaloense, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El tema ya ha colocado a México en medio de un conflicto bilateral con Estados Unidos.
Después de varios meses de rumores respecto de la existencia de una lista de políticos mexicanos —particularmente del partido MORENA— que estarían siendo investigados por Estados Unidos, finalmente la Fiscalía del Sur de Nueva York fincó cargos por delincuencia organizada contra el gobernador Rubén Rocha Moya y varios de sus colaboradores, por su presunta vinculación con el cártel de Sinaloa.
La tarde del pasado 28 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió las solicitudes de aprehensión con fines de extradición del gobernador Rocha Moya, así como del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez, quien fungiera como secretario de Gobierno en la administración estatal. La lista incluye a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán; Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, José Antonio Dionosio Hipólito y Alberto Jorge Contreras Níñez, estos tres últimos exjefes policiales.
Al mandatario sinaloense y al resto de los acusados se les fincaron cargos por tráfico de armas, fentanilo, cocaína y heroína; así como por brindar apoyo logístico y protección institucional al cártel de Sinaloa, actualmente encabezado por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua.
El caso Rocha Moya era un escándalo que llevaba al menos cinco años, pero se agudizó a partir del 25 de junio de 2024, cuando fue señalado por el capo Ismael “El Mayo” Zambada como uno de los asistentes a una reunión con Joaquín Guzmán López y Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el fin de limar asperezas.
La reunión se llevó a cabo el 25 de junio de 2024 en una finca conocida como Huertos del Pedregal, en Culiacán. Zambada García asistió acompañado de cuatro escoltas —dos ingresaron con él y los otros permanecieron afuera—. Según su propio relato, contenido en una carta, fue sometido por escoltas de Guzmán López, golpeado, sedado y posteriormente —según añadió— trasladado a una camioneta que lo condujo a una pista clandestina, donde fue obligado a abordar un avión en el que también viajaba el hijo de “El Chapo” Guzmán.
La aeronave se encontraba estacionada en dicha pista clandestina. De acuerdo con el gobierno federal, no existe información sobre cómo ingresó al espacio aéreo, dónde aterrizó previamente ni desde qué punto despegó rumbo a Texas con ambos pasajeros. El nombre del piloto, hasta ahora, se desconoce. El avión aterrizó ese mismo día —25 de junio de 2024— en Santa Teresa, Texas, donde autoridades estadounidenses procedieron a detener a los dos ocupantes.
En la finca Huertos del Pedregal, de acuerdo con el relato de Zambada, fueron asesinados Melesio Cuén y los cuatro escoltas que lo acompañaban. Posteriormente, la Fiscalía de Sinaloa realizó un montaje al informar que el exrector había sido atacado a tiros en una gasolinera durante un supuesto intento de asalto. Esta versión fue desmentida por la Fiscalía General de la República, cuyos peritos hallaron huellas de sangre en la finca que acreditan que Cuén fue ejecutado durante la reunión, junto con los escoltas de Zambada.
La acusación contra uno de los gobernadores de MORENA ha llevado al límite la crisis entre Estados Unidos y México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado a la Fiscalía estadounidense la presentación de pruebas y, en caso de existir, sostuvo que Rocha Moya y los demás acusados serían juzgados dentro de la jurisdicción mexicana. Esto implicaría que no serían extraditados, pese a las solicitudes de aprehensión con fines de extradición ya entregadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La acusación de los fiscales de Nueva York coloca a la presidenta ante una disyuntiva crítica: defender a un gobernador de su partido y confrontar al presidente estadounidense Donald Trump, o permitir la entrega de un mandatario estatal en un contexto de violencia persistente derivada de la pugna entre facciones del cártel de Sinaloa.
La lista negra de políticos mexicanos
Con la solicitud de captura del gobernador de Sinaloa, Estados Unidos puso el foco en el fenómeno de la narcopolítica en México, un problema que durante décadas ha sido protegido por estructuras de impunidad.
El golpe se produjo tras meses de señales indirectas y acciones concretas, como la cancelación de visas a gobernadores y exfuncionarios públicos que estarían bajo investigación de agencias como la CIA, el FBI y la DEA por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, el presidente Donald Trump declaró sobre México: “Ella es una bella dama, muy especial, atenta, pero ella no manda en México. En México mandan los cárteles. Y pronto algo debemos hacer con México”.
Posteriormente, Trump afirmó haber propuesto a la presidenta Sheinbaum el ingreso del Ejército estadounidense a México para combatir a los cárteles, lo cual fue rechazado. También planteó que la CIA se encargara de labores de inteligencia mientras el Ejército mexicano ejecutaba las acciones, propuesta que igualmente fue desestimada.
Lo cierto es que, tras seis años de tensiones entre ambos países —cuyo punto más álgido fue la detención del general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles—, las agencias estadounidenses continúan operando en territorio mexicano.
El gobierno de Estados Unidos ha solicitado la entrega de políticos vinculados al narcotráfico y/o al terrorismo. Según diversas fuentes, la lista es amplia. Entre los investigados figuran varios gobernadores morenistas, como Marina del Pilar Ávila, de Baja California, acusada de presuntos vínculos con el huachicol y con la organización criminal “Los Rusos”. A la mandataria le fue cancelada la visa al iniciar las investigaciones. También está bajo escrutinio su exesposo, Carlos Torres Torres.
Asimismo, se menciona a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas —también con visa cancelada—, vinculado presuntamente con el cártel del Noreste y con recursos provenientes del huachicol fiscal asociados a Sergio Carmona, asesinado en 2021.
La lista incluye también a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, señalado como presunto vínculo con el cártel de La Barredora.
Entre otros nombres aparecen Alfredo Ramírez Bedolla; Félix Salgado Macedonio; Héctor Astudillo Flores; así como diversos alcaldes, funcionarios estatales y miembros del Poder Judicial, varios de los cuales han enfrentado cancelaciones de visa o investigaciones por distintos delitos.
Guerrero, por ejemplo, continúa siendo un territorio de alta conflictividad, donde operan grupos como Los Tlacos, Guerreros Unidos y el cártel de Jalisco.
La lista incluye además a funcionarios aduaneros, alcaldes de diversas entidades y operadores políticos que, en distintos niveles, han sido señalados por presuntos vínculos con redes criminales o actividades ilícitas.
Tras los rumores sobre la existencia de esta lista, el caso Rocha Moya confirma que Estados Unidos no solo investiga, sino que también ejerce presión sobre México para que procese o entregue a políticos vinculados con el crimen organizado.
