Una red criminal en crecimiento que controla rutas clave en la frontera sur, diversifica delitos y alimenta una guerra de alta intensidad por el dominio territorial en Chiapas.

Un cártel con múltiples tentáculos

Con presuntos apoyos oficiales y una estructura que se extiende por al menos una decena de entidades, el cártel Chiapas-Guatemala —integrado en su mayoría por desertores del Cártel Jalisco Nueva Generación— se consolida como una de las organizaciones criminales más dinámicas en la geografía nacional.

Su portafolio delictivo es amplio: tráfico de drogas y migrantes, abigeato, cobro de piso, secuestro, despojo de propiedades, contrabando de mercancías y venta de protección. A ello se suman operaciones en piratería, giros negros y robo de combustibles, actividades que generan ingresos millonarios.

En los más de 600 kilómetros de frontera entre Chiapas y Guatemala, el grupo criminal —encabezado por Bladimir López Orantes y Antonio Martínez, alias “El Sibilanito”— impone cuotas a quienes cruzan la región. Automovilistas particulares pagan entre cinco y veinte pesos; transportistas de carga enfrentan cobros que pueden alcanzar los 20 mil pesos.

Durante operativos recientes, fuerzas federales detectaron que el cártel también extorsiona a conductores de tractocamiones que trasladan maquinaria pesada. En una intervención, autoridades aseguraron más de un millón de pesos en efectivo, presuntamente producto de un solo día de operaciones.

Por esta frontera —actualmente bajo influencia del grupo— circulan diariamente entre mil y mil 500 vehículos, además de mercancías legales e ilegales: alimentos, refacciones, ganado, ropa e incluso armas.

Informes oficiales señalan que el cártel ha sofisticado sus métodos de tráfico de drogas, utilizando incluso ganado robado para ocultar sustancias ilícitas. Esta práctica se vincula también con problemas sanitarios, como la propagación del gusano barrenador, debido al ingreso de animales sin control sanitario.

Expansión territorial y capacidad operativa

El crecimiento del cártel Chiapas-Guatemala no se limita a la frontera sur. Su influencia se extiende hacia Guatemala y otros países de Centroamérica como El Salvador, Honduras y Costa Rica. En México, ha ganado presencia en estados como Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

En Veracruz, autoridades federales aseguraron recientemente una base aérea en el municipio de Otatitlán, donde fueron localizadas seis aeronaves, cinco de ellas operativas. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, desde ese punto se realizaban vuelos no autorizados presuntamente vinculados al tráfico de drogas.

Las investigaciones apuntan a que dicha instalación habría sido operada por miembros del cártel, lo que evidencia su capacidad logística y su diversificación en rutas aéreas.

A pesar de operativos y detenciones —como la de “El Espíritu”, identificado como segundo al mando, y Manuel Valdovinos, “El Señor de los Caballos”— la estructura del grupo se mantiene activa.

Según autoridades de seguridad en Chiapas, estas capturas se realizaron en municipios estratégicos como Cintalapa, Ocozocoautla y Jiquipilas. Sin embargo, los golpes no han sido suficientes para frenar su expansión ni su confrontación con otras organizaciones criminales.

Chiapas: territorio en disputa

La consolidación del cártel Chiapas-Guatemala ha intensificado la violencia en la región. Actualmente, mantiene una guerra abierta con el cártel de Sinaloa por el control de la frontera con Guatemala, una de las rutas más relevantes para el tráfico de drogas y migrantes hacia Estados Unidos.

Municipios como Frontera Comalapa y El Porvenir se han convertido en epicentros del conflicto. En estos territorios, la presencia de grupos armados es constante y la población vive bajo amenaza.

De acuerdo con fuentes de agencias internacionales, Chiapas forma parte de un corredor estratégico que conecta puntos clave como La Trinitaria, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, facilitando el flujo de drogas y personas.

El rompimiento de antiguos pactos entre autoridades y grupos criminales —lo que en su momento se denominó “pax mafiosa”— detonó una escalada de violencia que ha dejado miles de desplazados. Estimaciones extraoficiales hablan de más de 40 mil personas que han abandonado sus hogares.

Actualmente, al menos seis organizaciones criminales disputan el control del estado, entre ellas los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo, remanentes de Los Zetas y grupos locales como el de San Juan Chamula. A ello se suman pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.

La importancia de Chiapas radica en su ubicación estratégica: es la puerta de entrada de drogas, armas, ganado y migrantes provenientes de Centroamérica. Desde ahí, los cargamentos se distribuyen hacia el Golfo de México o el Caribe, con destino final en Estados Unidos.

En este contexto, el control territorial no solo implica dominio criminal, sino el manejo de una de las rutas más lucrativas del continente.

Gobernabilidad bajo presión

En este contexto, la administración de Margarita González Saravia enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para contener la violencia y garantizar gobernabilidad.

Diversos señalamientos apuntan a acuerdos políticos que habrían facilitado su llegada al poder, en un escenario donde actores partidistas y estructuras locales ya mantenían vínculos con grupos criminales. Estas versiones, no obstante, no han derivado en investigaciones concluyentes.

Por otro lado, la falta de acciones legales contundentes contra presuntas irregularidades del gobierno anterior ha sido interpretada por críticos como un signo de continuidad o tolerancia.

Mientras tanto, la percepción de inseguridad se mantiene elevada y los hechos —fosas, desapariciones, desplazamiento y presencia criminal— continúan acumulándose.

Morelos enfrenta una pregunta que trasciende lo político: no sólo quién gobierna, sino bajo qué condiciones se ejerce el poder.

En un entorno donde la violencia persiste y las instituciones muestran signos de desgaste, la frontera entre autoridad y control territorial se vuelve cada vez más difusa.

El caso del cártel Chiapas-Guatemala refleja una tendencia más amplia: la consolidación de estructuras criminales híbridas, con capacidad territorial, logística y financiera, que operan en zonas donde la presencia del Estado es débil o fragmentada.

En la frontera sur, esa realidad ya no es una advertencia: es un hecho consumado.