Familias afectadas del estado de Jalisco solicitan el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para detener a una presunta pandilla de abogados litigantes que no sólo mantiene sometida a buena parte del Poder Judicial de esa entidad, sino que además ejerce presiones e influyentismo mediante cañonazos de dinero para agilizar extradiciones, mantener en prisión a quienes no aceptan ser sus clientes, entre otras presuntas maniobras ilegales.

Se trata de litigantes que forman parte del despacho de abogados que, en Jalisco, representa el abogado Polo Castellanos, quien es investigado dentro y fuera de México por presuntas actividades de lavado de dinero —expediente VIRG-7348/A-FC/2023—, radicado en una corte de Estados Unidos.

Este personaje carga con una larga y oscura historia de señalamientos por sus presuntas ligas con la delincuencia organizada; despojo de tierras y bienes inmuebles; presuntos fraudes mediante juicios laborales, así como relaciones con personajes que cuentan con antecedentes vinculados a actividades del crimen organizado.

Fue por ello que este litigante, Leopoldo Castellanos Flores, atrajo los reflectores de la DEA, el FBI y otras agencias internacionales. Su caso trascendió a nivel de escándalo cuando, el 6 de junio de 2024, sufrió un atentado en la Plaza Andares de Zapopan, Jalisco. El abogado fue baleado por un grupo de sicarios que presuntamente pretendían ejecutarlo. De aquel hecho se cumplirán dos años este próximo 6 de junio.

Pese a las investigaciones, al atentado y a las acusaciones que enfrenta, Polo Castellanos ha continuado con sus andanzas y presuntos negocios ilícitos.

Ahora se sabe, a partir de diversas denuncias consultadas, que a través de algunos de sus socios y presuntos cómplices, como el juez cesado Luis Alonso Echegaray Rivera, suele enviar expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Embajada de Estados Unidos en México sobre personas que podrían ser susceptibles de extradición a ese país. Asimismo, envían escritos anónimos y correos electrónicos en los que exponen que determinados individuos pueden ser juzgados en la Unión Americana.

Según las denuncias, estas acciones se realizan en contra de personas que enfrentan procesos federales en México y que se niegan a contratar los servicios de dicho despacho. Se trataría, afirman los afectados, de una forma de presión para obligarlos a aceptar sus condiciones.

Al parecer, el negocio les resulta bastante rentable, pues incluso el juez Luis Alonso Echegaray solía solicitar licencias para ejercer actividades de coyotaje judicial. De esa forma se separaba temporalmente de sus funciones en el Ministerio Público de la Federación, con sede en Zapopan, para visitar el penal de máxima seguridad de Puente Grande y ejercer presiones sobre personas procesadas por delincuencia organizada, a fin de que sus asuntos fueran transferidos al despacho de Polo Castellanos, con los cuales obtenían millonarias ganancias.

Por esa razón, Luis Alonso Echegaray fue inhabilitado por diez años para ejercer funciones públicas.

El despacho de Polo Castellanos Torres se ha ganado una mala reputación dentro y fuera de Jalisco. Abogados, jueces, magistrados y familiares de personas que enfrentan juicios por delincuencia organizada solicitan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum a fin de que se ponga freno a este despacho, calificado por sus detractores como “mafioso”, que ejerce presiones y amenazas utilizando la figura de la extradición a Estados Unidos contra quienes no acceden a sus peticiones, entre ellas que sus casos sean litigados por el despacho del presunto criminal Polo Castellanos.

De acuerdo con los denunciantes consultados, el modus operandi que utiliza el despacho consiste en la filtración de información y el envío de documentos anónimos, que incluso incluyen expedientes completos. Asimismo, promueven extradiciones rápidas utilizando cualquier argumento o argucia legal para que las autoridades federales tomen en consideración sus peticiones.

Entre las personas que son objeto de mayor presión por parte del despacho de Castellanos se encuentran aquellas que les estorban en otros asuntos que litigan o quienes se han negado a aceptar ser defendidos por ellos.

Las denuncias también establecen que los abogados del referido despacho utilizan el instrumento de la corrupción para ejercer una mayor presión sobre jueces locales y federales. El objetivo, según los denunciantes, es que mantengan en prisión a personas inocentes que no han querido acceder a sus exigencias económicas.

En la denuncia referida, los quejosos afirman categóricamente:

“Este es el verdadero rostro de la delincuencia, señor secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch”.

Y añaden:

“Le pedimos que abra una investigación por todas las extinciones de dominio que vivimos a diario con este despacho de abogados”.

En la misma petición exponen que “este juez” —en referencia a Luis Alonso Echegaray— es el operador central del despacho y el enlace con otros funcionarios del Poder Judicial, así como con autoridades ministeriales locales y federales, para afectar a personas que se niegan a aceptar sus servicios. El juez es quien aceita esos vínculos mediante sobornos y todo ello —señalan— se ha convertido en un verdadero terror para las familias de los afectados.

Este nuevo capítulo de Polo Castellanos se inscribe en su larga historia de corruptelas, pues en el pasado reciente también fue acusado de operar una trama de corrupción en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Jalisco, cuando se detectó que incurrieron en presuntos fraudes mediante juicios laborales. Asimismo, fue señalado junto con uno de sus socios, Héctor Alaín, por el despojo de tierras y residencias de alta plusvalía. Según las denuncias, también solían reactivar juicios antiguos con el presunto objeto de defraudar a diversas empresas.

Ahora, el abogado Leopoldo Castellanos vuelve a ser objeto de escándalo por las presiones, corruptelas y maniobras sucias que, según los denunciantes, se ejercen dentro del Poder Judicial para mantener a adversarios en prisión y promover, entre las sombras, posibles extradiciones con el propósito de que los acusados acepten los servicios de su despacho.

Esta nueva modalidad de fraude preocupa profundamente a los afectados y a sus familias. Por ello, solicitan la intervención de las autoridades federales y, particularmente, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para frenar a este grupo que, afirman, se ha convertido en un lastre y en una auténtica mafia en Jalisco.