La guerra contra el crimen en México ya no se decide sólo dentro de sus fronteras: agencias estadounidenses operan en territorio nacional, desdibujando la soberanía y evidenciando el fracaso de una estrategia que ahora se ejecuta desde fuera.

Tal como lo solicitó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la CIA, la DEA y otras agencias operan abiertamente en México en el combate al crimen organizado. Estas instancias son las que proporcionan al Ejército Mexicano y a la Fiscalía General de la República informes de inteligencia sobre la ubicación de capos —como ocurrió en febrero pasado en Tapalpa, Jalisco— y también participan en la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas.

Ejemplo de ello es el caso de al menos dos agentes de la CIA que murieron el domingo 19 de abril en Chihuahua, en un presunto accidente automovilístico ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada, tras salir de la sierra Tarahumara, donde habían destruido dos laboratorios de fentanilo y metanfetaminas. Hasta ahora, las autoridades no han logrado confirmar si se trató de un accidente o de una posible venganza del crimen organizado.

La Agencia Central de Inteligencia opera en territorio mexicano a petición del gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de localizar y desmantelar grupos criminales y laboratorios donde se producen drogas sintéticas, particularmente el fentanilo. Por su parte, la DEA realiza operaciones terrestres orientadas a identificar redes de lavado de dinero, tráfico de drogas y posibles vínculos entre políticos y el crimen organizado.

El incidente del domingo confirmó la presencia activa de la CIA en México. Ese día, dos agentes de la agencia y dos elementos de la policía estatal de Chihuahua fallecieron en un accidente cuando regresaban de un operativo en el que habían desmantelado laboratorios clandestinos.

Las víctimas fueron dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos y dos agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el agente Manuel Genaro Méndez Montes. El fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, explicó que el vehículo en el que viajaban —el cual encabezaba un convoy de cinco unidades— se desbarrancó en la madrugada.

De acuerdo con las investigaciones, los agentes estadounidenses realizaban labores de entrenamiento, asesoramiento e intercambio de información con autoridades mexicanas. Esa madrugada regresaban de un operativo coordinado entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que se destruyeron dos laboratorios de drogas sintéticas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha señalado que la CIA opera en México con autorización oficial, colaborando con unidades verificadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Su función principal es la localización y desmantelamiento de laboratorios clandestinos y organizaciones criminales. La DEA, por su parte, mantiene labores de investigación en todo el territorio nacional, enfocadas en la captura de capos, el desmantelamiento de cárteles y la identificación de redes financieras ilícitas.

DEA y CIA operan en México

Tras el conflicto diplomático generado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador por la captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles, las operaciones de la DEA y la CIA fueron restringidas en territorio mexicano. Sin embargo, actualmente ambas agencias han retomado sus actividades de manera abierta.

Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional aprobadas en ese periodo obligaron a los agentes extranjeros a informar a la Secretaría de la Defensa sobre todas sus actividades. Dichas modificaciones se realizaron tras la detención de Cienfuegos en octubre de 2019, acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero.

Como consecuencia, las relaciones bilaterales se tensaron y se redujo el intercambio de información sensible. Las investigaciones de la DEA en México quedaron condicionadas, particularmente aquellas relacionadas con cárteles como el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y figuras como Rafael Caro Quintero.

Durante ese periodo, las operaciones en campo —incluidas redadas en laboratorios— se redujeron considerablemente, mientras que las autoridades estadounidenses redirigieron esfuerzos hacia el rastreo de rutas de narcotráfico desde Sudamérica hacia México.

Los años de esplendor de la DEA

Durante los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, el número de agentes de la DEA en México se mantuvo como un secreto de Estado. Esta política de discreción continuó en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, durante cuyo sexenio la agencia operó sin restricciones en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Los resultados de esa estrategia fueron ampliamente cuestionados: más de cien mil muertos y cárteles fortalecidos que expandieron sus operaciones a nivel internacional.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la DEA mantuvo amplias facultades, sin que se le exigiera cumplir estrictamente con el acuerdo bilateral de 1992, el cual establece que toda información obtenida debe ser compartida con autoridades mexicanas y prohíbe a agentes extranjeros realizar detenciones, cateos o interrogatorios.

A pesar de estas restricciones legales, existen múltiples testimonios en expedientes judiciales que señalan la participación directa de agentes de la DEA en operativos, detenciones e interrogatorios en territorio mexicano.

Operaciones al margen de la ley

Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en 1985, que derivó en una fuerte presión sobre el gobierno mexicano para capturar a los responsables, entre ellos Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo.

Otro episodio relevante fue el secuestro en Guadalajara del médico Humberto Álvarez Macháin por parte de la DEA, quien fue trasladado ilegalmente a Estados Unidos en 1990, generando un conflicto diplomático por violación a la soberanía nacional.

Casos posteriores, como la captura de Juan García Ábrego o de Javier Arellano Félix, evidencian la constante intervención de la agencia en operaciones clave, muchas veces con participación indirecta o directa en territorio mexicano.

El escándalo Cienfuegos

En octubre de 2020, la DEA detuvo en Los Ángeles al general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de colaborar con el narcotráfico. Sin embargo, semanas después fue liberado y devuelto a México, donde la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal por falta de pruebas.

El caso detonó una crisis diplomática y llevó al gobierno mexicano a endurecer las reglas para la operación de agentes extranjeros. A pesar de ello, actualmente se estima que operan en México al menos 54 agentes de la DEA acreditados oficialmente, distribuidos en diversas ciudades del país.

Hoy, según diversas fuentes, la CIA ha asumido un papel central en la estrategia antidrogas en México, por decisión del gobierno estadounidense, en coordinación con autoridades mexicanas. El caso ocurrido en Chihuahua es, hasta ahora, el ejemplo más reciente de esta nueva dinámica.