No es un problema técnico: es un patrón. Lo que ocurre en Petróleos Mexicanos dejó de ser una suma de fallas para convertirse en un sistema de operación donde la opacidad, la captura política y la impunidad funcionan como engranajes.
Todo indica que el futuro de Pemex está en fase de definición, pero no bajo parámetros industriales o energéticos, sino bajo lógicas financieras y de poder. La corrupción no es episódica: es estructural. La falta de mantenimiento —visible en eventos como el reciente derrame de petróleo sin responsables identificados— no es una omisión aislada, sino la consecuencia directa de una empresa que ha sido utilizada como instrumento político antes que como operador energético.
Entre 2019 y 2024, la paraestatal recibió alrededor de 1.5 billones de pesos en apoyos públicos —inyecciones de capital y beneficios fiscales— con el argumento de estabilizar su deuda. El resultado es técnicamente contradictorio: Pemex continúa reportando pérdidas, no logra abatir la dependencia de importación de combustibles y tampoco ha contenido el robo de hidrocarburos, el llamado “huachicol”, que persiste como economía paralela protegida por redes de complicidad.
En términos económicos, esto revela una disfunción severa: transferencias públicas masivas sin correlato en eficiencia operativa ni en saneamiento financiero. En términos políticos, el fenómeno es más grave: la empresa sigue siendo un espacio de extracción de rentas, donde confluyen intereses de actores públicos y privados —legales e ilegales— que encuentran en su debilidad institucional una oportunidad constante.
El derrame reciente no sólo evidencia negligencia administrativa; expone una cadena de responsabilidad que asciende a niveles directivos y, por extensión, al diseño de gobernanza que el propio Estado ha tolerado. La ausencia de sanciones no es un vacío: es un mensaje. La impunidad no encubre fallas; las habilita.
La pregunta clave no es por qué se invierte tanto en Pemex, sino para qué. Si los recursos públicos no se traducen en capacidad productiva, modernización de infraestructura ni control efectivo del delito, entonces su función real debe buscarse en otro lado: en la preservación de un modelo donde el deterioro convive con el beneficio de grupos específicos.
Ahora bien, afirmar que existe un proyecto lineal de privatización requiere matiz. El precedente de las reformas estructurales impulsadas durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari —incluyendo la venta de Telmex a actores como Carlos Slim— demuestra que procesos de transferencia de activos públicos al sector privado sí han ocurrido en México, con efectos concentradores de riqueza. Sin embargo, el caso actual de Pemex no presenta, hasta ahora, un esquema formal de privatización directa, sino algo más complejo: una erosión progresiva de su viabilidad que, de sostenerse, podría abrir la puerta a soluciones de mercado en condiciones desfavorables para el interés público.
La referencia a una supuesta asesoría europea puede leerse más como una crítica política que como un dato verificable. Lo verificable es esto: una empresa estratégicamente central, financieramente asistida, operativamente debilitada y estructuralmente capturada.
En ese cruce —dinero público, pérdidas persistentes, deterioro técnico e impunidad— no hay ambigüedad: hay un modelo. Y mientras ese modelo no se modifique, los derrames —ambientales, financieros e institucionales— no serán excepción, sino consecuencia.
