Mientras aumentan desapariciones, hallazgos en fosas clandestinas y la presencia del crimen organizado, la administración estatal enfrenta cuestionamientos por su capacidad —y voluntad— para contener la violencia.
Crisis de desapariciones y violencia sostenida
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se aproxima a su segundo año de mandato en medio de una crisis de seguridad que no cede. Desapariciones, asesinatos y hallazgos en fosas clandestinas se han convertido en una constante en distintos puntos del estado.
El escenario no es nuevo. La actual administración heredó un contexto marcado por señalamientos de vínculos entre autoridades y grupos criminales durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, particularmente con organizaciones como Los Tlahuicas.
Los hechos recientes evidencian la gravedad del problema. Entre 2024 y 2025 se han localizado múltiples fosas clandestinas en municipios como Xochitepec, Jojutla y Loma Bonita. En algunos casos, se han recuperado cuerpos completos; en otros, restos humanos y osamentas que continúan en proceso de identificación.
En Yecapixtla, la Brigada Nacional de Búsqueda documentó desde 2021 al menos diez puntos positivos en una mina de arena. A pesar de que el caso estaba en manos de la fiscalía estatal, los hallazgos han continuado.
En localidades como Tetelcingo y Jojutla, autoridades han sostenido que algunos cuerpos correspondían a personas no reclamadas; sin embargo, colectivos de búsqueda insisten en que la aparición constante de restos humanos confirma una problemática más profunda vinculada al crimen organizado.
Colapso forense y ausencia institucional
El incremento de desapariciones ha puesto en evidencia una crisis estructural en el sistema forense de Morelos. La falta de antropólogos, arqueólogos y peritos especializados limita la capacidad de identificación de víctimas.
A nivel nacional, el fenómeno alcanza dimensiones alarmantes: más de 121 mil personas permanecen desaparecidas. En el caso de Morelos, la Fiscalía estatal reporta cientos de cuerpos bajo resguardo sin identificar; una proporción significativa sigue pendiente de entrega a sus familiares.
Ante esta situación, colectivos ciudadanos han asumido tareas que corresponderían al Estado. Organizaciones como Regresando a Casa y la Brigada Nacional de Búsqueda encabezan labores de localización en campo, particularmente en municipios como Jojutla.
Las zonas con mayor número de hallazgos recientes incluyen Jojutla, Xochitepec, Cuautla, Yecapixtla, Temixco y Puente de Ixtla, configurando un mapa de violencia persistente en la entidad.
Un territorio disputado por el crimen organizado
A la crisis de desapariciones se suma la presencia activa de múltiples organizaciones criminales. Datos oficiales señalan que más de la mitad de los municipios de Morelos presentan algún grado de influencia del crimen organizado en sus estructuras políticas o de seguridad.
Entre los grupos con mayor operación en la entidad destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana y células locales como “El Trébol”. También se reporta la presencia de organizaciones como Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Tlahuicas y Los Mayas.
La disputa territorial ha intensificado la violencia en municipios clave como Huitzilac, considerado uno de los más conflictivos. Asimismo, distintas regiones del estado están bajo influencia de grupos asociados a redes criminales más amplias que operan en entidades vecinas como Guerrero, Estado de México y Michoacán.
Este entramado criminal no es reciente. Desde la década pasada, Morelos ha sido escenario de reconfiguraciones entre grupos como los Beltrán Leyva, que en su momento dominaron la entidad.
Gobernabilidad bajo presión
En este contexto, la administración de Margarita González Saravia enfrenta cuestionamientos sobre su capacidad para contener la violencia y garantizar gobernabilidad.
Diversos señalamientos apuntan a acuerdos políticos que habrían facilitado su llegada al poder, en un escenario donde actores partidistas y estructuras locales ya mantenían vínculos con grupos criminales. Estas versiones, no obstante, no han derivado en investigaciones concluyentes.
Por otro lado, la falta de acciones legales contundentes contra presuntas irregularidades del gobierno anterior ha sido interpretada por críticos como un signo de continuidad o tolerancia.
Mientras tanto, la percepción de inseguridad se mantiene elevada y los hechos —fosas, desapariciones, desplazamiento y presencia criminal— continúan acumulándose.
Morelos enfrenta una pregunta que trasciende lo político: no sólo quién gobierna, sino bajo qué condiciones se ejerce el poder.
En un entorno donde la violencia persiste y las instituciones muestran signos de desgaste, la frontera entre autoridad y control territorial se vuelve cada vez más difusa.